El fiscal solicita para tres excargos de Iniciativas la devolución de 1,1 millones

A los exconsejeros José Antonio Álvarez y Eduardo Cabezas, así como el exgerente de la empresa, Juan Sandubete

La esposa de Sandubete tenía un salario anual de 73.021,07 euros. Percibió trienios desde enero de 2006, pero no acudió al trabajo hasta mayo de 2009, tres años y medio

Leer en Diario de Cádiz.-

El Ministerio Público pide condena pecuniaria para Álvarez, Cabezas y Sandubete por generar sobrecostes y un traspaso de fondos al Ayuntamiento También demanda seis inhabilitaciones

Leer en EuropaSUR.-
A. R. LOS BARRIOS | ACTUALIZADO 08.01.2014 - 01:00

La Fiscalía solicita al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz que tres antiguos cargos del consejo de administración de Iniciativas Los Barrios sean condenados a devolver un total de 1,1 millones de euros. Se trata de los exconsejeros José Antonio Álvarez y Eduardo Cabezas, así como el exgerente de la empresa, Juan Sandubete, a los que el ministerio público considera como supuestos responsables de sobrecostes por la renovación de pagarés y del traspaso injustificado de fondos desde la empresa municipal al Ayuntamiento de Los Barrios durante su periodo en el consejo de administración.



El fiscal también pide que el exalcalde Juan Montedeoca y otros cinco antiguos integrantes del consejo de administración -los tres ya citados entre ellos- sean condenados a penas de inhabilitación para la administración de bienes ajenos y que el Ayuntamiento sea declarado como administrador de hecho para responder patrimonialmente ante los acreedores de Iniciativas.

Así consta en el informe emitido por el fiscal para su pronunciamiento sobre el procedimiento de liquidación que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital provincial, al que ha tenido acceso Europa Sur.

El informe de la Fiscalía se adhiere a la petición de la declaración de la quiebra culpable que formuló el administrador concursal en su escrito de calificación. Es más, estima que los gestores de Iniciativas Los Barrios incurrieron "desde antiguo" en supuestas irregularidades mercantiles, si bien ciñe sus peticiones de condena -tanto pecuniarias como a inhabilitación- a los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud del concurso de acreedores, tal y como limita el artículo 164.1 de la Ley Concursal. Ello abarca desde el 4 de julio de 2010 y gradúa su responsabilidad por su mayor o menor antigüedad, así como por el cargo que ostentaban.

Conforme a este criterio, el fiscal ve responsables de la quiebra de la empresa al exgerente, Juan Sandubete, y a los dos consejeros ya citados. A Antonio Álvarez por haber sido miembro entre septiembre de 1997 a julio de 2011, mientras que Eduardo Cabezas estuvo desde febrero de 2000 a julio de 2011. En el listado se incluye, además, al exalcalde Juan Montedeoca (por su periodo al frente del municipio, de 2010 a 2011) y al exconcejal Javier Grimaldi, quien fue consejero de 2009 a 2011 (ambos del Partido Socialista); así como a Modesto Béjar (agosto de 2009-julio de 2011).

Una vez definido por el fiscal a quién considera responsable, justifica sus peticiones de condena en los hechos revelados por el administrador concursal en su escrito de calificación (difundido por Europa Sur el pasado septiembre). Entre otras circunstancias, recuerda que Iniciativas Los Barrios servía como intermediario del Ayuntamiento para la ejecución de obras en el municipio y que la entidad local debía proveer a la empresa de fondos suficientes para liquidar las facturas que Iniciativas le giraba en concepto de encomiendas de gestión de dichos proyectos. El Consistorio incurrió en retrasos desde el comienzo de las relaciones comerciales que llevaron, según subraya el fiscal, a una descapitalización constante que forzaron a Iniciativas a recurrir a créditos para financiarse. El fiscal cita como ejemplos un préstamo por 3 millones, otro de 85.000 y un tercero de 300.000 euros.

Según el criterio del fiscal, se advierten irregularidades de importancia por un traspaso injustificado de 626.530,55 euros a la cuenta del Ayuntamiento el 2 de agosto de 2005 en perjuicio del resto de acreedores. Y también añade que al desatenderse los pagos a una constructora (Corime), se generó un coste de 542.544,77 euros por la devolución de pagarés. La condena a la devolución de esta suma, 1.169.075,12 euros, es la cuantía que se exige a los tres antiguos miembros del consejo por unos hechos que el fiscal estima "especialmente dañosos". Para José Antonio Álvarez reclama una condena a la devolución del 40% (467.630 euros); a Eduardo Cabezas, el 35% (409.176 euros) y a Juan Sandubete, el 25% restante (292.268 euros).

Además de esta sanción pecuniaria, los cinco exconsejeros y el exgerente son propuestos para su inhabilitación en una horquilla que va desde los tres años (Montedeoca, Grimaldi y Béjar) a los siete para Álvarez. Sandubete y Cabezas son propuestos a cinco años de inhabilitación. Y para el Ayuntamiento, como administrador de hecho, se pide condena para indemnizar en las cantidades a las que los consejeros no hagan frente, así como a los acreedores concursales una vez que se liquide la masa activa de la empresa. El escrito de calificación cifró las deudas en 20 millones de euros.

Quedan fuera de la petición de responsabilidad mercantil los exconsejeros Antonio Rodríguez, Francisco José Fuentes, Alonso Rojas y Ángeles Ariza (los dos últimos, alcaldes que precedieron a Montedeoca). No obstante, el Ayuntamiento de Los Barrios, tras el cambio de gobierno, inició un procedimiento Penal contra los tres antiguos regidores socialistas y el exgerente de la empresa que continúa su instrucción en paralelo a esta causa Mercantil.

Tampoco resultan señalados por el fiscal los consejeros entrantes a partir de 2011. El actual alcalde, Jorge Romero, y el resto de miembros que accedieron al órgano de gestión en julio de 2011 son exculpados por haber aprobado en la misma sesión la petición del concurso de acreedores.

Frente a esta resolución, al resto de señalados se les estima como supuestos responsables de delitos mercantiles como la generación y agravación del estado de insolvencia; irregularidades contables; falta del depósito de cuentas; falta de presentación del concurso de acreedores y creación de un perjuicio a los acreedores.