El plan de ayuda a los municipios obliga a reducir los gastos de funcionamiento y corrección del déficit
Rescate a cambio de ajustes. El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el plan de medidas para ayudar a los ayuntamientos con problemas económicos en el que se integran Los Barrios y La Línea entre las 536 entidades locales para las que se ha diseñado la iniciativa.
La participación en el programa es voluntaria por parte de los municipios, que deberán presentar en sus solicitudes a cuáles de las medidas propuestas quieren acogerse -entre las ofrecidas por el Estado- con una modificación de sus planes de ajuste. El Ministerio de Hacienda dictará una resolución donde valorará las que sean finalmente aplicables y las condiciones fiscales asociadas.
La validación del plan por el consejo ministerial sirvió, por tanto, para aclarar el calado de las ayudas disponibles como las condiciones que el Ministerio de Hacienda podrá imponer a los Consistorios. El programa permitirá la concesión de anticipos sobre la Participación de Tributos del Estado (PIE); la ampliación del plazo de los reintegros de las liquidaciones de los años 2008 y 2009 o la liberación de hasta un 25% de las retenciones que pesen sobre la PIE durante un máximo de tres años. Excepcionalmente se prevé la suspensión total de las retenciones por un periodo que no podrá superar el ejercicio en que se acuerde dicha suspensión.
Los ayuntamientos contarán con medidas de apoyo para saldar sus deudas con acreedores públicos, mediante la concesión de fraccionamientos por parte de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social para la cancelación de las deudas, por un plazo de diez años y resultando de aplicación el tipo de interés legal del dinero. Por último podrán disponer de ayuda para facilitar operaciones de endeudamiento.
A cambio, y según la referencia del Consejo, los ayuntamientos que se acojan a este paquete de ayudas tendrán que reducir gastos de funcionamiento, financiar íntegramente el coste de los servicios públicos con tasas y no podrán aprobar medidas que supongan un descenso de la recaudación ni crear organismos nuevos. El Gobierno les prohibe el encadenamiento de prórrogas de presupuestos por más de un año y les exige la corrección de las provisiones de los saldos de difícil recaudación para tener una imagen fiel de la situación financiera de la entidad.
El real decreto también establece una posible intervención -mediante informe previo de carácter vinculante- de Hacienda en el proceso de elaboración de los presupuestos generales de los municipios en determinados supuestos y la obligación de adoptar un plan de saneamiento para entidades dependientes que se encuentren en desequilibrio financiero, que si no se corrige implicará su disolución en 2015.
En cuanto a los requisitos de acceso, los municipios tendrán que haber rendido cuentas y encontrarse en situación de ahorro neto y remanente de tesorería negativos en los dos últimos años; elevada deuda con acreedores públicos y con una deuda generada por más de un millón de euros por préstamos concertados en el mecanismo de pago a proveedores. Para acogerse a dichas medidas, los consistorios también deberán tener remanente negativo de tesorería para gastos generales de 2009 a 2011 así como una deuda por préstamos concertados en el pago a proveedores superior a un millón de euros.
Este último requisito está condicionado además a otros dos supuestos: que presenten mayor remanente negativo de tesorería para gastos generales en 2012 y remanente de tesorería para gastos generales en ese mismo año descontado del pago a proveedores, y además tengan deudas con acreedores públicos.
Para el ministro Cristóbal Montoro, las ayudas serán a cambio de "condiciones muy exigentes sobre cómo se prestan los servicios públicos".
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