El PIBA 2000 solicita la medida dentro del contencioso por el nombramiento de los cuatro asesores El juez determina que no afecta al procedimiento, que sigue su curso
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A. R. LOS BARRIOS | 20.08.2013
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras ha rechazado suspender de forma cautelar en sus actividades al personal de confianza contratado por el equipo de gobierno (PA-PP); medida que había solicitado el Partido Independiente Barreño 2000 (PIBA) tras cursar un contencioso contra el nombramiento de estas cuatro personas.
Así consta en un auto emitido por el juzgado el pasado 23 de julio al que ha tenido acceso Europa Sur. En el auto, el juez se pronuncia sobre la medida cautelar solicitada por el PIBA 2000 tras iniciar un recurso contencioso-administrativo contra los cuatro decretos de Alcaldía de principios de este año (7 de marzo) por el que fueron nombrados los cuatro asesores -de perfil técnico- con carácter eventual.
Con independencia del rechazo a la medida cautelar, el procedimiento judicial incoado continúa su curso. Este diario intentó contactar con el presidente del PIBA 2000, Miguel Domínguez, para conocer si ha recurrido el auto judicial -tenía quince días de plazo- y su posición ante el procedimiento, sin conseguirlo. El cualquier caso, Domínguez ya se ha mostrado públicamente contrario al nombramiento alegando que se vulneran medidas de rango estatal como el Real Decreto que impide la contratación de nuevo personal en la administración pública, con contadas excepciones (cuerpos de seguridad, por ejemplo). Los asesores ocupan dos puestos de director técnico y otros tantos de técnico auxiliar.
En su escrito de demanda, el PIBA 2000 solicitaba que los cuatro asesores fueran apartados cautelarmente del servicio al considerar que si no se suspendía el nombramiento "viciarían de nulidad o anulabilidad sus actuaciones, provocando una posible ilegalidad en la elaboración de los informes y documentación que se les solicita por Alcaldía y el resto de departamentos" y también alertaban de que ejercen funciones "propias de funcionarios municipales".
Como consecuencia de la solicitud de una medida cautelar, el asunto fue abordado en una pieza separada en la que se dio audiencia a la parte demandada (al Ayuntamiento) y codemandada (los cuatro empleados). El Consistorio se opuso alegando que la cobertura del servicio se vería perjudicada sin que se acreditaran perjuicios de "difícil o imposible reparación". Los cuatro aludidos, por su parte, señalaron que las funciones que se les atribuyeron se describieron en un acuerdo plenario de enero de este año, no impugnado, y que no sustituyen a funcionarios.
A la vista de la información recabada, el juzgado determina que gran parte de los argumentos expuestos en el escrito del recurso son de fondo, pero sin concretar "alegando una futura e hipotética irregularidad de las actuaciones administrativas, que tampoco se concretan".
Para el juzgado, en el momento procesal actual no se encuentran indicios que justifiquen la suspensión cautelar de los nombramientos. "Tampoco apreciamos que la no suspensión haga perder finalidad a este proceso judicial. En cambio, al menos desde el punto de vista de la gestión municipal, la suspensión actual sí que incidiría de forma no positiva en la prestación de servicios", concluye el auto.
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