El Ministerio cierra el listado de ayuntamientos en quiebra que han solicitado las ayudas: de los 101 de toda España, una docena son de la provincia.
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16.01.14 - 00:47 - E. MARTOS / J. LANDI | CÁDIZ.
Si alguien necesita todavía un dato añadido para corroborar que la economía gaditana es una de las más dañadas de toda España, ayer lo tuvo. El Ministerio de Hacienda cerró el pasado martes el plazo para que los ayuntamientos en quiebra técnica, con severas dificultades de financiación, sin liquidez suficiente para sostener los pagos más perentorios, se acogieran al llamado plan de rescate municipal. Se trata de una serie de medidas extraordinarias y temporales que permiten renegociar deuda pública y recibir adelantos de la aportación tributaria. Es decir, es el último salvavidas para casos de extrema necesidad.
Una vez cerrada la figurada ventanilla en Madrid, han acudido a pedir auxilio 101 ayuntamientos de toda España, con el sorprendente dato de que 12 de ellos son gaditanos. Es decir, uno de cada diez consistorios en quiebra en todo el territorio nacional está en la provincia de Cádiz. Todos ellos han cumplimentado los requisitos burocráticos antes del último día de 2013.
Asfixia de medio millón de vecinos
El retrato económico de las instituciones gaditanas ofrece, por tanto, un retrato preocupante. Más de medio millón de habitantes suman los doce municipios incluidos en el plan de rescate, por lo que todos esos ciudadanos tienen, como primer escalón de la administración pública, un ayuntamiento roto, con dificultades para afrontar nóminas, pagos a proveedores y sostener servicios esenciales.
Los ayuntamientos gaditanos que el Ministerio de Hacienda considera, desde ayer, oficialmente acogidas a este plan de rescate distan de ser pequeñas. De hecho, una de ellas es el consistorio de la ciudad más poblada de la provincia: Jerez de la Frontera. En el listado definitivo le acompañan Barbate, La Línea de la Concepción, Arcos, Puerto Serrano y Los Barrios, por ejemplo.
En ese grupo figuran igualmente El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, que sin llegar a las dificultades de los mencionados anteriormente, pretenden ganar tiempo y facilidades para aliviar su gestión financiera diaria, a través de la obtención de adelantos de las aportaciones del Estado, con quitas provisionales o a través del fraccionamiento de los pagos pendientes a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Entre los municipios de menor tamaño han recurrido algunos como Prado del Rey y Trebujena.
La inclusión en el plan de rescate de las localidades mencionadas en primer término también supone compromisos. Los doce ayuntamientos aceptados por Hacienda tendrán que cumplir un régimen disciplinario estricto. Nunca podrán fallar ante ningún compromiso fiscal, tendrán que reducir gasto corriente y ajustar al mínimo todos los servicios que prestan. El compromiso de rescate implica también la prohibición de rebajar tasas, impuestos o precios públicos, además de la imposibilidad de crear nuevas sociedades municipales.
A todos los efectos, es un plan de rescate a escala municipal, pero con las mismas normas que los aplicados por la Unión Europea a países enteros. Así, el Ministerio de Hacienda se reserva el derecho de modificar cuentas y presupuestos municipales si los considera incompatibles con el plan. Incluso tiene la potestad de bloquear gastos o pagos si los ve inadecuados. La liquidez obtenida por los ayuntamientos del Gobierno la tendrán que destinar a rebajar deuda con la prohibición expresa de ampliarla. Bajo ningún concepto podrán endeudarse más
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