Escucha la Entrevista de Juan Manuel Dicenta a Quico Rebolledo, del grupo ecologista Agaden, en el programa "Hoy por Hoy, Campo de Gibraltar" de la Cadena Ser.
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El PSOE denunció a Romero por conceder a un particular la gestión del vertedero municipal
Cooperación Alternativa y Agaden exigen «información y transparencia», así como que se tomen precauciones con los residuos
Los responsables aprovechaban la noche y las lluvias para tirar los residuos a un arroyo
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13.09.13 - 00:55 - F. H. P. | LOS BARRIOS.
Las asociaciones Agaden y Cooperación Alternativa, así como la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por Fábricas, aseguraron ayer que un informe en poder de la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía detalla que ya han sido desenterrados en torno a 1.200 bidones de residuos contaminantes en el vertedero que la empresa Gamasur tiene en Los Barrios, y que en su día fue precintado por la Administración autonómica.
Los colectivos reclaman que se hagan públicas las analíticas del contenido de los bidones, «así como su peligrosidad y toxicidad», además del proceso que se ha seguido «para su retirada, el lugar en el que se han ubicado y, sobre todo, dado el carácter provisional de esta ubicación, cuál va a ser el destino final en función del contenido».
Fiscalía
A pesar de la gravedad de los hechos, los cuales fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz por estos colectivos, «los trabajos de desalojo de bidones y material de todo tipo se está haciendo en unas condiciones lamentables y poco fiables, ya que es la propia empresa que ha gestionado el vertedero ahora clausurado la que realiza las labores de desenterramiento y clasificación, bajo la única supervisión de un agente de Medio Ambiente».
En este sentido, criticaron que el Ayuntamiento de los Barrios (PA-PP), «no ha hecho nada por afrontar la problemática a pesar de participar en la empresa Gamasur, que gestiona el vertedero, y de vender durante la campaña electoral su compromiso de elaborar un plan contra los vertidos de lixiviados en arroyos del municipio, una mentira más de los andalucistas».
Los colectivos recordaron que fue en abril de este año cuando, tras denuncias de los ecologistas, el delegado provincial de Medio Ambiente, Federico Fernández, «anunció como un acto heroico que clausuraba este vertedero por la presencia de vertidos clandestinos y otras irregularidades medioambientales, imponiendo una sanción de 11 millones de euros».
«Medio Ambiente debe hacer pública toda esta información y presentar un plan de acción trasparente y público sobre la gestión de este caso, así como paralizar cualquier tipo de trabajo en la planta que pueda perjudicar las investigaciones por parte de la Fiscalía. En definitiva, debe elaborar un protocolo de actuaciones que rija los trabajos necesarios, bajo la supervisión de personal especializado que garantice el tratamiento adecuado», finalizan.
Por otro lado, e independientemente del número de bidones que no deja de ser una cifra, desde
AGADEN, Cooperación Alternativa y Ciudadanos, “nos preguntamos si la administración ambiental ha
analizado, no ya el contenido de los bidones , que también, sino todo el terreno que ocupa dicho
vertedero, con distintas catas geológicas de profundidad”.
“No podemos olvidar que en este vertedero no sólo se han depositado bidones que ahora se
encuentran en un estado de deterioro lamentable y que han vertido su contenido en la mayoría de los
casos, sino que se han llevado a cabo vertidos directos de mezclas de escorias industriales que
pueden alcanzar varios metros de profundidad”, dicen.
Continuaron diciendo que “es inaudito que se ponga a realizar estos trabajos a la propia empresa, la principal interesada en eliminar cuantas pruebas puedan resultarle negativa, dado el bajo nivel de honradez demostrado a lo largo de los años con enterramientos unos mas y otros menos clandestinos, pero siempre con total descontrol; así como numerosos episodios de vertidos contaminantes al arroyo del chorreón. Y ello, bajo la supervisión de un agente de medio ambiente sin la capacitación y cualificación necesaria para estos trabajos”.
“Entendemos desde estos colectivos (AGADEN, Plataforma de Ciudadanos Rodeados por Fábricas y
Cooperación Alternativa) que desde todos los organismos y empresas con responsabilidad en este, a
nuestro entender, delito ecológico y desastre medioambiental se está intentando pasar de puntillas;
aunque no los vamos a permitir”.
Por otro lado, “la compañía FCC, propiedad de las hermanas Koplovitz y accionista mayoritaria de
GAMASUR, para borrar sus huellas del delito, han debido presionar de forma contundente para que la
propia Delegación de Medio Ambiente le permita ser quién retire todos los bidones que están
apareciendo. Es como poner al zorro al guardar el gallinero”.
“Creemos que la Delegación Provincial de Medio Ambiente, por un lado debe hacer pública toda esta
información, y presentar un plan de acción trasparente y público sobre la gestión de este caso, así
como paralizar cualquier tipo de trabajo en la planta que pueda perjudicar las investigaciones por parte de la Fiscalía, en definitiva, la Delegación Provincial debe de elaborar un protocolo de actuaciones que sea el que rija los trabajos necesarios, bajo la supervisión de personal especializado que garantice tanto el tratamiento adecuado, como su manejo; así como la imposibilidad de manipulación y eliminación de pruebas por parte de la empresa FCC y GAMA S.L. (perteneciente el Ayuntamiento de
los Barrios) principales responsables de GAMASUR”.
Sin embargo, “a fecha de hoy este señor no se ha pronunciado para exponer públicamente los datos de
sus investigaciones para que la población conozca el alcance y la gravedad de los hechos; es más,
para eludir sus propias responsabilidades, se ampara en que como el tema está judicializado, es ante
los órganos judiciales donde tiene que manifestarse. Flaco favor a la democracia que lo ha puesto en
este y en otros tantos cargos políticos que el señor Fernández ha ostentado”.
Desde estos colectivos “no obstante vamos a seguir insistiendo ante los órganos judiciales, que se está
actuando con negligencia, que se pueden estar eliminando pruebas y que los trabajos que se están
llevando a cabo tienen que ser paralizados y reiniciados por elementos independientes”.
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