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La juez decreta una anotación preventiva sobre el reconocimiento de deuda que provocó su pérdida en subasta El administrador quiere que vuelva a la masa activa de la empresa
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha abierto el camino para que la empresa municipal GAMA de Los Barrios pueda recuperar la finca La Gertrudis, considerada hasta el momento de su pérdida en una subasta el principal activo de la sociedad pública, actualmente en concurso de acreedores.
La titular del juzgado ha decretado como medida cautelar a través de un auto -al que ha tenido acceso Europa Sur- una anotación preventiva de la demanda sobre el incidente concursal que supuso la pérdida patrimonial para la empresa. Esto es, el reconocimiento de deuda que hizo el consejo de administración presidido por Juan Montedeoca (PSOE) en abril de 2011 hacia sólo una de las empresas acreedoras de GAMA, la mercantil Iglesias Peral SL (del empresario taurino Pedro Castillo), que provocó la subasta del suelo y que ganó como único deudor reconocido.
A través de esta figura, la finca queda "marcada" en el Registro de la Propiedad de forma que se permite seguir su rastro durante todo el procedimiento de forma que, llegado el caso y si media una resolución favorable para el gestor de GAMA, la finca pueda ser revertida al patrimonio de la empresa y sirva para afrontar las deudas con todos los acreedores.
Una anotación de demanda permite, a su vez, cancelar los asientos posteriores que resulten contradictorios o limitativos del derecho que se inscribe. De esta forma, se protege ante el registro la finca hasta que todo el proceso haya concluido.
El auto llega a instancias del administrador concursal. Tras elaborar el informe de calificación, que propuso al juzgado la declaración de la quiebra de GAMA como culpable y al detectar lo que calificó como una operación fraudulenta en torno al suelo, el administrador concursal presentó una demanda incidental de reintegración sobre La Gertrudis para su vuelta a la masa activa del concurso. A su vez, solicitó dos medidas cautelares. Además de la aprobada, el administrador concursal pidió una anotación preventiva de embargo (medida más restrictiva), si bien la juez considera que la anotación preventiva de demanda -pedida de forma subsidiaria- es la figura idónea.
Entre sus argumentos, la juez justifica la medida cautelar al señalar que al solicitarse la reintegración de bienes inmuebles a la masa activa del concurso "es claro que existe el riesgo de que durante la tramitación del proceso puedan ser enajenadas en favor de un tercero que gozará de la protección de la fe pública registral y que haría inefectiva e inviable la ejecución de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la administración concursal".
La anotación preventiva de la demanda es posible porque el hecho cuestionado se produjo en los dos años anteriores a la declaración del concurso de GAMA. El administrador sostuvo en su petición que al reconocerse deudas sólo a Iglesias Peral SL, se permitió el ejercicio de una ejecución singular sumaria en perjuicio del resto de acreedores.
La juez considera que Iglesias Peral SL no puede alegar indefensión ante la medida cautelar decretada porque en la vista que se celebró antes de dictar el auto, se le dio la posibilidad a los representantes del empresario de alegar contra las dos medidas, el embargo preventivo y la subsidiaria que finalmente se acordó, siendo rechazada la posibilidad sobre esta última. Contra el auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
El proceso que desembocó en la pérdida de La Gertrudis se remonta al 6 de abril de 2011. El consejo de administración de GAMA cuantificó en 1.291.183 euros las deudas que mantenía con Iglesias Peral SL como consecuencia de varias operaciones de venta de suelo. Al día siguiente se ratificó el reconocimiento de la deuda ante notario y, un día después, la empresa acreedora solicitó ejecutar embargo sobre el patrimonio de GAMA para cobrarla. Al ser el único acreedor con deudas reconocidas y al no concurrir nadie más a la subasta, la empresa se quedó con la finca el 23 de noviembre de 2011.
Las pretensiones del administrador pasan por retomar la titularidad del suelo y considerar a Iglesias Peral SL como un acreedor más ya que, sostiene, no cuestiona la existencia de su deuda sino el procedimiento incoado por el consejo controlado por los socialistas para saldarla. La deuda total de GAMA supera los 65 millones de euros.
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