El PP de Cádiz promueve alegaciones al “impuesto” Plan de Protección del Corredor Litoral desde 14 municipios
En Algeciras la zona de servicio portuario se ve afectada; así como también en Rota, Chiclana, Tarifa, Sanlúcar, Conil, Barbate, Puerto Real, San Roque, Los Barrios y Cádiz.
Leer en Diario Bahia de Cádiz.-
28/10/2013. Redacción
Alcaldes, portavoces y concejales del PP de municipios del litoral gaditano se han reunido el lunes en San Fernando para analizar el conjunto de alegaciones que ciudades costeras de la provincia van a presentar contra el plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía de la Junta, que para la derecha, se ha presentado “sin diálogo, por imposición y de manera sectaria”.
En la foto de este encuentro –con los Polvorines de fondo, uno de los suelos ‘protegidos’ por el plan-, junto al presidente del PP gaditano, Antonio Sanz, ha estado la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y AAEE del PP andaluz, Alicia Martínez, quien ha redundado en que todas estas iniciativas “se llevan a cabo con el objeto de defender los intereses de los afectados por este decreto que son todos los andaluces”.
Los populares interpretan que este plan, hasta final de mes en periodo de exposición pública y de alegaciones, “afecta directamente al empleo y al desarrollo turístico del litoral andaluz y gaditano”, un recurso de más de 1.100 kilómetros de costa en toda Andalucía, “que tiene que ser protegido medioambientalmente de forma sostenible pero que tiene que ser un recurso a disposición de todos y cada uno de los andaluces, a disposición de la creación de empleo y de riqueza y, a disposición de la utilización del mismo como motor del desarrollo de nuestra comunidad autónoma”.
A juicio de Martínez, “muy especialmente la provincia de Cádiz es un muestrario de lo que ha sido un auténtico descontrol urbanístico de las políticas de la Junta de Andalucía”, en relación con la ordenación del territorio y al urbanismo. Y ahora entiende que este plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, “es un atentado a la autonomía local y una provocación a los municipios gaditanos y andaluces y, muy especialmente, a los alcaldes del PP que tienen responsabilidades de Gobierno en los muchos municipios de la costa”.
Esta dirigente del PP regional insiste en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz en que se trata de un plan “absolutamente improvisado, falto de diálogo y consenso, puesto sobre la mesa de los ayuntamientos andaluces sin opciones de ningún tipo”. Por eso, “ahora, vamos a formular alegaciones en el plazo y forma que corresponde, y lo vamos a hacer desde todos los municipios porque realmente creemos que nos sentimos afectados, lo haremos desde las diputaciones, así como también lo haremos como grupo parlamentario y como PP de Andalucía”, ha apostillado.
La derecha habla de un “plan anticonstitucional –de hecho lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional-, porque deriva de un decreto que es inconstitucional” y exige su retirada “porque supone un escalón más de la inseguridad jurídica que afecta al urbanismo de nuestra comunidad autónoma”. En este sentido ha hecho alusión al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Fernando, que alerta –como lo viene haciendo el bipartito local- que “va a tener que volver a modificarse, después de tantos años de trabajo”. Pero además, también se van a ver afectados los planes de ordenación territorial (POT) recientemente aprobados en la provincia, “que defienden la sostenibilidad medioambiental del litoral gaditano y que ahora quedan sin efecto”.
“Pedimos a la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, que haga valer ese eslogan que ha hecho suyo de ‘nuevo tiempo para Andalucía’ y que retire este Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía porque supone un ataque frontal a la autonomía local y un retroceso para el desarrollo de la costa y un freno absoluto a las políticas que, por parte del Gobierno de la Nación se están poniendo en marcha para la generación de empleo, como puede ser la Ley de Costas, en lo que significa su implantación en Andalucía, que sí que da seguridad jurídica a los municipios andaluces, sentencia esta representante del PP andaluz.
“10.000 EMPLEOS EN PELIGRO EN CÁDIZ”
Por su parte, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, repitiendo el discurso de los últimos días, ha calificado este plan como “una decisión dañina para la provincia”, calculando –aunque no especifica en qué se basa- que “pone en peligro unos 10.000 empleos en la provincia y se quiere poner freno al desarrollo económico y al turismo”.
“Se trata de un decreto que puede causar un daño irreparable a la provincia y que crea una inseguridad jurídica inaceptable, para lo que representan futuros inversiones y creación de empleo”, insiste el líder popular, concretando que serán en torno a una treintena de alegaciones las que presenten 14 municipios de la provincia contra este decreto, “al que se unirán muchas más de otros municipios y colectivos y asociaciones”.
El Puerto será uno de los municipios que presente alegaciones, por ser afectada por este decreto en zonas características como la Duna de San Antón, Parque Natural Bahía de Cádiz, la zona próxima a la Venta El Maca, o el Coto de la Isleta.
San Fernando por su parte, también presentará alegaciones, tanto de trámite como referidas a la zona de Polvorines y Camposoto; Vejer en cuanto a ordenación de viviendas y a la zona del Palmar; Algeciras, donde la zona de servicio portuario se ve también afectada; así como también en Rota, Chiclana, Tarifa, Sanlúcar, Conil, Barbate, Puerto Real, San Roque, Los Barrios y Cádiz.
En todas estas alegaciones “lo que se denuncia es una invasión de competencias municipales, con un intervencionismo extremista por parte de la Junta de Andalucía, que va contra el turismo y el empleo en la provincia de Cádiz”, repite Sanz, por si no ha quedado claro.
“LES GUSTARÍA PONER TODO AL SERVICIO DE INTERESES PRIVADOS Y ESPECULADORES”
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ya salía al paso hace unos días de las críticas efectuadas por el PP provincial sobre este decreto del litoral, lamentando que “no consienta que desde el Gobierno andaluz se proteja un patrimonio de todos”. Armario considera que a Antonio Sanz “lo que le gustaría es poder vender y privatizarlo todo como han propuesto con un espacio público de alto valor medioambiental en esta provincia como es la finca La Almoraima y que han puesto al servicio de intereses privados y especuladores”.
Los socialistas argumentan que este plan pretende preservar de la presión urbanística los primeros 500 metros de costa “es una garantía de conservación de nuestro territorio frente a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete que significa una vuelta a atrás a la política del hormigón y el ladrillo en el litoral, a la fórmula fracasada de la burbuja inmobiliaria que tan negativas consecuencias ha tenido para nuestra economía”.
La dirigente socialista defiende que “frente a la voracidad de la Ley de Costas que lapida una riqueza que es de todos y que merece ser protegida, el decreto del litoral permite un desarrollo sostenible de nuestra costa que, si es tan apreciada en el sector turístico es precisamente por ser la antítesis de la costa malagueña plagada de construcciones al borde del mar”.
Además, tacha de alarmista a Sanz puesto que “la Junta ha asegurado ya alcaldes y empresarios que el decreto no paraliza ninguno de los proyectos urbanísticos puestos en marcha en la provincia”.
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