miércoles, 30 de octubre de 2013

RTV Los Barrios: El administrador judicial propone la inhabilitación los tres exalcaldes y la secretaria general del PSOE, Estefanía Ruiz

RTV Los Barrios, tercer concurso para el que piden la quiebra culpable

El administrador judicial calcula la deuda en 4,6 millones. Propone la inhabilitación de once consejeros, los tres exalcaldes y la secretaria general del PSOE, Estefanía Ruiz, entre ellos.

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A. R. LOS BARRIOS | ACTUALIZADO 28.10.2013

El administrador concursal de Radiotelevisión de Los Barrios (RTVLB) también considera culpable la quiebra de la empresa pública municipal de medios de comunicación, por lo que pasa a engrosar -como tercera- el listado de sociedades para las que se solicita ante los tribunales la asunción de responsabilidad económica del Ayuntamiento de Los Barrios (por haber sido un elemento clave en la gestión y deriva contable de la sociedad) y penas de inhabilitación para sus consejeros, los tres exalcaldes socialistas entre ellos. En julio y septiembre trascendieron los escritos de calificación de GAMA (Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales) e Iniciativas Los Barrios, respectivamente, con idéntica propuesta de declaración de culpabilidad del concurso.

El escrito de calificación de RTVLB presentado por el administrador ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, al que ha tenido acceso Europa Sur, guarda nuevamente similitudes con los de GAMA e Iniciativas. Ahora, sólo resta por conocer el de la Empresa Municipal de Recaudación de Los Barrios (EMRLB). El gestor designado por la Justicia realiza en el documento un relato cronológico desde la constitución de la empresa, el 3 de noviembre de 2000, hasta el final del periodo de trabajo de la junta de liquidadores, en 2012 (resultante de la decisión de disolver la mercantil, en julio de 2011).

Como principales conclusiones, determina que el agujero económico de RTVLB asciende, antes de la venta de bienes y recuperación de deudores, a 4.648.219,13 euros y reclama que el Ayuntamiento se haga cargo como administrador de hecho o cómplice (subsidiario) por su papel de dominio y control sobre la concursada. Cabe recordar que el dictamen de GAMA cifró los números rojos en 65 millones y el de Iniciativas, en otros 20,4. En el supuesto de que el Consistorio tuviera que asumir las deudas de las tres -si, finalmente, resulta declarado en todos los casos administrador de hecho o cómplice- el monto alcanzaría los 90 millones de euros (a expensas del balance que pueda arrojar el concurso de Recaudación).

Ahora, y como sucedió en los otros dos procedimientos, una vez presentado el escrito de calificación ante el juzgado, la titular del número 1 de lo Mercantil lo ha trasladado al Ministerio Fiscal para que evalúe su contenido y se pronuncie sobre la propuesta de declaración de quiebra, así como sobre las penas propuestas para sus supuestos responsables.

En el caso de GAMA, el dictamen de la Fiscalía trascendió en septiembre y ratificó las conclusiones de culpabilidad aunque matizó a la baja las peticiones de inhabilitación para la mayoría de los consejeros e incluyó a otros.

RTVLB cesó su actividad durante el verano de 2011, semanas después de acordarse la disolución de la empresa, tras recibir el Ayuntamiento autorización para el despido de toda su plantilla mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) validado por la Junta de Andalucía.

Nuevamente, la administración concursal considera que la gestión de RTVLB incurre en cinco supuestos ilícitos tipificados en la Ley Concursal: generación o agravamiento del estado de insolvencia; incumplimientos contables e irregularidades; realización de actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia; incumplimiento del deber de solicitud del concurso e incumplimiento de la formulación o falta de depósito oficial de las cuentas anuales.

¿A quién considera responsables de estos hechos? El gestor, como en los dos precedentes, señala al consejo de administración como administrador de derecho y, a su vez, al Ayuntamiento de Los Barrios como administrador de hecho y cómplice por su posición de total dominio y control sobre la empresa.

Sobre los administradores de hecho, aunque reprocha la acción de todos los que tuvieron poder en la empresa desde su constitución, restringe el listado a once personas con cargos vigentes en los dos años inmediatamente anteriores a la declaración del concurso (20 de abril de 2010).

Se trata de los tres exalcaldes socialistas, Alonso Rojas, Ángeles Ariza y Juan Montedeoca, por su condición de presidentes. Para Rojas, el administrador pide quince años de inhabilitación para la administración de bienes ajenos; y diez para Ariza y Montedeoca. A Rojas y Ariza les considera responsables de las cinco supuestas irregularidades detectadas y a Montedeoca, de todas salvo el agravamiento de la insolvencia.

Otros cuatro consejeros guardan relación política con el Partido Socialista. Se trata de Alfonso Pecino, Javier Grimaldi, Salvador Acosta y Estefanía Ruiz; todos concejales durante el mandato municipal 2007-2011. Sólo Ruiz se mantiene como miembro de la Corporación y, además, es la actual secretaria general del PSOE de Los Barrios. En este caso, las peticiones de inhabilitación son de diez años para Pecino y de dos años para los otros tres (Grimaldi, Acosta y Ruiz).

El compendio de administradores de hecho queda completado con José Luis Iglesias y Manuel Guillén (este último, director de contenidos de la emisora), para los que se reclaman diez años de inhabilitación; así como por María José García y Fernando Gutiérrez, como miembros del consejo de administración, para los que se reclaman condenas de cinco y dos años de inhabilitación, respectivamente.

Sobre el Ayuntamiento, el administrador pide que asuma las deudas por la carencia de independencia de RTVLB respecto de la entidad local. Cita, como ejemplos, que los consejos de administración fueran nombrados por la Corporación municipal para constituirlos "a su medida"; que nunca cuestionase los encargos municipales pese a ser antieconómicos y carentes de viabilidad o que esta dependencia llegara a provocar confusión de funciones entre los acreedores y proveedores con el Ayuntamiento.

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