Ha sido detenido en Cádiz el secretario provincial de UGT, Salvador Mera, militante del PSOE de Los Barrios. Su nombre había aparecido ya ligado al caso de los ERE por haber sido consejero de la empresa Temiqui, intermediaria que, supuestamente, recibió comisiones millonarias.
El hombre que llegó del campo, sin hacer ruido....
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Apareció de pronto. El sindicato UGT en Cádiz acababa de vivir un momento convulso, desconocido hasta la fecha en la provincia. Su último secretario general, Pedro Custodio González, acababa de dimitir tras conocerse un uso incorrecto de la tarjeta del sindicato para ciertos pagos de carácter personal. De inmediato, congreso extraordinario y nuevas elecciones. En ese congreso, Salvador Mera se hacía visible por primera vez para muchos gaditanos. De aspecto serio, bonachón, hacía presagiar una ruptura total con el legado de Pedro Custodio González en su última etapa.
Nacido en Vejer, le gustaba decir que era un hombre sencillo y del campo. Muchos ciudadanos lo recordarán micrófono en mano, en plena plaza San Juan de Dios, durante una manifestación convocada por los sindicatos contra una de las reformas anunciadas por uno y otro Gobierno, lanzando soflamas populistas que arrancaban el aplauso de inmediato.
Ya era secretario general de UGT en Cádiz (había vencido a su oponente, Francisco Sánchez, también de la Sierra, de forma más o menos clara) y nadie podía adivinar lo que ayer sorprendía a la provincia de Cádiz. Más o menos en esas fechas se conocía su procedencia: la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, donde había participado en numerosas negociaciones que habían acabado con cierre de empresas. Todavía no se hablaba de EREs falsos ni de la juez Alaya. Y antes de recalar en Sevilla había llevado a cabo una trayectoria laboral y sindical en el Campo de Gibraltar, afiliándose incluso al PSOE de Los Barrios.
En el trato corto, Mera sorprendía. En un encuentro celebrado en este periódico nada más ser proclamado responsable ugetista en la provincia, políticos, empresarios y economistas se afanaban en dar con una clave que hiciera remontar a la provincia de Cádiz en materia laboral y de empleo. Entre teorías, frases políticamente correctas e irónicos ataques políticos, Salvador Mera irrumpió con su frase: "Lo que no se puede es meter todos los huevos en el mismo canasto, hay que ir poco a poco". Así es el responsable sindical al que ahora se acusa de estar vinculado de alguna forma a la trama de los ERE fraudulentos.
Pasado el tiempo, este pasado verano, llegó otro congreso extraordinario en el sindicato con nueva convocatoria de elecciones. Esta vez el contrincante era Antonio Montoro, conocido portavoz ugetista en el colectivo Delphi. Por menos margen que la vez anterior, pero volvió a ganar. Lo hizo después de sufrir, a finales de 2012, un ERE dentro de su propio sindicato. Curiosamente, se había despedido a personal del sindicato (o finalizado la relación contractual porque la Junta había recordato las subvenciones, como decía Mera), con las mínimas condiciones que marcaba la reforma laboral.
Salvador Mera volvió a ganar. El día antes de las elecciones sindicales, en una entrevista en este periódico, aseguraba: "Mientras UGT sirva para defender a los trabajadores, yo defenderé a UGT. El día en el que el sindicato no sirva para eso, yo seré el primero en irme. Como hoy no ocurre, este sindicato es la mejor herramienta de defensa de los trabajadores".
Ocho detenidos ya en la nueva operación ordenada por Alaya por los ERE
La operación que sigue abierta por la Guardia Civil se dirige contra algunos sindicalistas de UGT y CCOO, empresarios que supuestamente pagaron a estos sindicalistas por los expedientes de regulación de empleo en sus empresas, y también contra directores de sucursales bancarias que, supuestamente, colaboraron en el blanqueo de capitales
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MERCEDES DÍAZ 08-10-2013 - 09:01 CET
Están confirmadas las detenciones Enrique Rodríguez, alto cargo de la Diputación de Sevilla cesado esta misma mañana; el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Salvador Mera; los sindicalistas de CCOO en Córdoba Francisco y José Manuel Casado y los empresarios Manuel Roberto Carmona (exmiembro de la dirección de Comisiones Obreras de Andalucía), Ángel Quesada del Valle, Jesús Sánchez Álvarez y José Joaquín Barneto García.
La Guardia Civil ha desplegado esta mañana en Sevilla una nueva operación vinculada con el caso ERE, que se ha saldado de momento con ocho detenciones, y entre ellas la del alto cargo de la Diputación de Sevilla Enrique Rodríguez, que fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dependientes de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Enrique Rodríguez, según la investigación, podría haber concedido ayudas a la Empresa de Desarrollo Local de la localidad de El Pedroso para construir un matadero en la Sierra Norte y, supuestamente, medió para que se concediesen ayudas a algunos empresarios de esta comarca de Sevilla.
Tambien ha sido detenido en Cádiz el secretario provincial de UGT, Salvador Mera, militante del PSOE de la localidad gaditana de Los Barrios. Su nombre había aparecido ya ligado al caso de los ERE por haber sido consejero de la empresa Temiqui, intermediaria que, supuestamente, recibió comisiones millonarias.
La Guardia Civil ha detenido, igualmente, al exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto. En el marco de la operación también se está registrando el domicilio particular de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, que ya fue imputado por el juez Alaya en la causa.
El resto de las detenciones confirmadas son las de los sindicalistas de CCOO en Córdoba Francisco y José Manuel Casado y los empresarios Ángel Quesada del Valle, Jesús Sánchez Álvarez y José Joaquín Barneto García.
La operación está coordinada por la UCO de la Guardia Civil con el apoyo de efectivos del Instituto Armado en Andalucía. Se trata de la segunda fase de la Operación Heracles, inciada en el mes de marzo por la Jueza Mercedes Alaya, dirigida contra algunos sindicalistas de UGT y CCOO, empresarios que supuestamente pagaron a estos sindicalistas por permitir expedientes de regulación de empleo en sus empresas, y también contra directores de sucursales bancarias que, supuestamente, colaboraron en el blanqueo de capitales.
La operación sigue abierta. Se esperan en torno a 50 imputaciones. Se están realizando registros en sedes oficiales y viviendas particulares, entre ellas el domicilio de Enrique Rodríguez en Gines y su despacho en la Diputación de Sevilla; el restaurante Río Grande en la capital hispalense -que presentó un ERE con 'intrusos' en el año 2005 que está siendo investigado por Alaya-, y la casa de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de la Sierra Morena en la Sierra Norte de Sevilla, que también se investiga en la causa.
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