La administración concursal calcula la deuda de Agrival en 9,1 millones

El gestor judicial sostiene que todos sus ingresos eran "vaciados" a favor del Consistorio y del resto de las empresas Pide la inhabilitación de cinco exconsejeros, Montedeoca entre ellos

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A. R. LOS BARRIOS | ACTUALIZADO 27.01.2014 - 01:00

La quinta empresa municipal de Los Barrios también hace aguas. La administración concursal de Agrival de Cádiz, empresa pública participada a medias por Iniciativas Los Barrios y GAMA, considera que la quiebra de esta mercantil municipal merece ser declarada culpable.

Así se desprende del informe de calificación -al que ha tenido acceso Europa Sur- elaborado por el gestor judicial nombrado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz; instancia que sigue la causa de las cinco empresas del municipio. En este caso, el administrador calcula que las deudas arrastradas por la empresa con sus acreedores ascienden a 9,1 millones de euros.

Como en las otras cuatro empresas de capital público, el gestor judicial estima en sus conclusiones que la deriva económica de la mercantil que las llevó a entrar en situación de concurso de acreedores tuvo responsables y sus actos agravaron los números rojos. Igualmente pide al juzgado que se condene al Ayuntamiento de Los Barrios a devolver esa cantidad como indemnización por su condición de administrador de hecho y cómplice (de forma subsidiaria) ya que, según el administrador, la entidad local ejercía una posición de dominio total sobre la concursada con dolo y culpa grave.

Así mismo, el escrito de calificación señala a cinco miembros del consejo de administración para los que solicita penas de inhabilitación mercantil de cinco a quince años. Se trata del exalcalde socialista Juan Montedeoca; los exconcejales Javier Grimaldi y Alfonso Pecino así como Modesto Béjar y Juan Miguel Camacho. Son los consejeros que tenían cargo en la empresa en los dos años inmediatamente anteriores a la declaración del concurso -periodo máximo según la Ley Concursal- y excluye expresamente a los entrantes en 2011 por haber solicitado el proceso. No obstante, la Fiscalía Provincial de Cádiz tiene que emitir su informe para valorar el caso y puede proponer modificaciones de las penas o incluso que se impongan sanciones económicas contra los exconsejeros, como ya ha sucedido en los escritos de acusación de Iniciativas y Radiotelevisión de Los Barrios.

ACTIVIDAD MERCANTIL

Agrival de Cádiz fue constituida en 1986 aunque su paso como entidad pública municipal se produjo en 2002, cuando Iniciativas Los Barrios y GAMA -ambas inmersas actualmente en sus respectivos procedimientos concursales- compraron al 50% la totalidad de las acciones.

A partir de ahí, el gestor judicial relata los principales hitos y deudas generadas. Según el escrito, GAMA e Iniciativas solicitaron un crédito de 3 millones de euros para la compra de las acciones con la garantía del único activo de Agrival, la finca El Cañuelo (propuesta como sector de reserva para la Zona de Actividades Logísticas). La finca tenía un valor de 526.908,02 euros en 2005, si bien tras la aprobación en Pleno del Plan General de Ordenación Urbanística (que no fue validado por la Junta hasta 2008) y al pasar parte del suelo a propuesto como urbanizable se incrementó en 4.184.604 euros. Sin embargo, y a renglón seguido, Agrival de Cádiz asumió la participación a la hora de financiar las obras de los sistemas generales del futuro PGOU barreño, obras valoradas, precisamente, en 4,1 millones de euros que debían ser abonados al Consistorio.

Según el administrador, aunque el convenio urbanístico que se firmó para ello preveía que Agrival pagara sólo un 20% a los dos meses de la aprobación inicial del PGOU (lo que pasó en 2005) y el dinero restante con la aprobación del plan parcial (fue en 2008), los servicios contables de Agrival activaron la totalidad de la línea financiera. "Lo que constituye una irregularidad contable y un pasivo frente al Ayuntamiento por total cuantía", relata el informe. La consecuencia fue inmediata: el Ayuntamiento "cobró" de Agrival 3 millones de euros en otros tantos pagos en 2006 "sin justificación documental". También hubo en ese año traspasos a favor y en contra de Iniciativas Los Barrios y GAMA "siendo muy significativo el saldo final a favor de GAMA de 1.348.200 euros que no posee justificación documental, ni acuerdo sobre intereses o plazo de devolución".

Es decir, a vista del administrador concursal, Agrival financió al Consistorio con transferencias basándose en el valor que había concedido a El Cañuelo a través del PGOU.

Agrival recibió dos subvenciones del Ministerio de Industria en 2009 y 2010. Una de 1.640.000 y otra por 2.450.800 euros que, según la contabilidad, fueron a parar al Consistorio por conceptos como licencias de obras. Para el gestor judicial "todo ingreso de tesorería es vaciado, no sólo a favor del Ayuntamiento, sino que contribuye a financiar al resto de sociedades municipales sin motivación ni documentación que lo justifique".

Del mismo modo, se considera que había un uso partidario de la tesorería como una caja común del Ayuntamiento y del resto de las sociedades municipales. Como ejemplos, cita pagos desde Agrival al Club de Baloncesto Villa de Los Barrios (70.000 euros) y dos transferencias por 245.000 euros en total a Iniciativas Los Barrios en 2006; un hecho que se considera una descapitalización ejercida por el Consistorio. También hubo un endoso por 231.750 euros por cuenta de un pago del Ayuntamiento a la Unión Deportiva Los Barrios.

El proyecto de reparcelación previsto sobre El Cañuelo supuso "el golpe final y mortal de la totalidad del proyecto" al no poder ser registrado "por adolecer de deficiencias técnicas y jurídicas una vez descapitalizada sin justificación de la concursada, ya no posee medios económicos para una subsanación".

Con la documentación y el relato de la gestión de Agrival, el administrador concursal basa su propuesta de calificación culpable en la supuesta comisión de cuatro delitos mercantiles: generación o agravamiento del estado de insolvencia; incumplimientos contables e irregularidades; incumplimiento del deber de solicitud del concurso e incumplimiento de la formulación de cuentas o falta de su depósito ante las instancias oficiales.

Conforme a estos cuatro supuestos, el gestor judicial propone al juez que Juan Montedeoca y Javier Grimaldi sean condenados a quince años de inhabilitación al estimarles responsables de los cuatro supuestos reproches penales. Para Alfonso Pecino, Juan Miguel Camacho y Modesto Béjar la condena solicitada es de cinco años.